Acusan a Lacalle Pou y García de asociación para delinquir
Esteban Valenti anunció que los denuncia ante Fiscalía por la frustrada compra de patrulleros a Cardama: 82 millones de euros.

Pablo Tedesco
Analista en Tecnologías de la Información

El periodista Esteban Valenti anunció que presentará una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra el expresidente Luis Lacalle Pou y el senador Javier García, exministro de Defensa Nacional. Las imputaciones, según sus propias palabras: «cohecho, asociación para delinquir y abuso de funciones».
La fecha que dio Valenti fue el viernes 6 de noviembre, a las 14 horas, «haciendo uso de mi derecho de formular una denuncia ante la Fiscalía General». Así lo informó Caras y Caretas el 3 de noviembre. Ese medio no confirma que la presentación se haya concretado.
El expediente de fondo es el que ya conocen los uruguayos: la frustrada contratación del astillero español Cardama para construir y comprar dos patrulleros oceánicos, los OPV, por 82 millones de euros. Una operación del Estado, con plata del Estado, que no terminó en barcos sino en denuncias.
La denuncia llega, además, con un antecedente directo. Según la misma publicación, Javier García le había iniciado antes a Valenti una demanda por difamación e injurias a raíz de sus declaraciones públicas e informes periodísticos sobre el caso. Es decir: el periodista denunciado por injurias responde denunciando por asociación para delinquir.
Corresponde ser claros con lo que hay y lo que no hay. Las imputaciones son de Valenti. Nada está probado, y la nota original no recoge ninguna respuesta de Lacalle Pou ni de García sobre la denuncia. Cualquier condena anticipada es propaganda; el que decide es el sistema judicial, no el titular.
Pero hay un dato que no necesita juez para indignar: 82 millones de euros. Ese es el número que estuvo sobre la mesa de un Ministerio de Defensa para dos barcos que nunca llegaron. Lo pagan siempre los mismos, los contribuyentes, y cuando el negocio sale mal, el costo no lo asume ningún funcionario: lo absorbe el ciudadano y lo discute la clase política en tribunales.
Cuando el Estado se pone a comprar barcos, el contribuyente termina escuchando denuncias en vez de ver patrulleros.

